Esta mañana fría de finales de Noviembre, la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha despertado con una noticia esperada y esperanzadora para muchos/as ciudadanos/as andaluces: la convocatoria, por medio de la Orden de 11 de noviembre de 2011, del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, vinculadas a distintas cualificaciones profesionales (Educación Infantil, Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, Atención  sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones Sociales, Transporte Sanitario, Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes). Otras comunidades han realizado convocatorias similares en los meses previos y ya se están llevando a cabo los procedimientos de orientación y evaluación de la experiencia  profesional.

Pero, ¿por qué me atrevo a calificar estos procesos, que incluyen orientación, evaluación y acreditación, como un procedimiento de equidad social? La razón es bien sencilla y está vinculada al conjunto preocupante de cifras arrojadas por diversos estudios aparecidos recientemente. Pongamos por ejemplo los datos que se recogían en el reciente informe sobre “Aprendizaje permanente en España”: según la Encuesta de Población Activa 2010, existen  12.881.100 personas mayores de 16 años, es decir, el 33,5 %, que no poseen titulación  de enseñanza  básica obligatoria, y 13.459.400 trabajadores, el 58,2%, que no han recibido una formación específica para el desempeño de un puesto de trabajo.

Son cifras preocupantes que si las unimos a los datos de los alumnos/as que abandonan prematuramente los estudios o que no obtienen el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y, a su vez, los ponemos en correlación con el perfil del desempleado/a, produciría una sensación de perplejidad al constatar, una vez más,  las consecuencias tan negativas que tiene el déficit formativo y la precariedad competencial en el entramado económico y social. Quizás sea el acercamiento cualitativo a la realidad, en complementariedad con el cuantitativo, el que nos permita comprobar el camino fangoso y pantanoso por el que transitan, especialmente en este momento de crisis económica y de especiales dificultades para la inserción laboral, el colectivo que han vivido procesos de fracaso escolar y exclusión educativa, y en este momento, procesos que los sitúan al borde de una situación de riesgo de exclusión social.

La acreditación de la experiencia profesional implica, en primer lugar, reconocer a muchas de estas personas, lo que tantas veces repetimos desde el ámbito teórico: el valor “de aprender haciendo” y del valor formativo de la “práctica profesional”. Ahora, y menos en este momento, no es el momento de hurgar en las razones que subyacen en el trasfondo de cada una de estas historias personales de fracaso formativo que les ha abocado a no poseer ningún tipo de titulación, ni siquiera la más básica. Ahora es el momento de apoyar estos procesos, y no solo eso, sino de mostrar a sus destinatarios la oportunidad que se les brinda, de acreditar unidades de competencia, poseer un certificado de profesionalidad, recorrer itinerarios de formación  cualificadora, y en algunos casos, por medio de la correspondencia con los módulos profesionales, comenzar a cursar un ciclo formativo.

En el horizonte dramático de las cifras del paro los procesos de acreditación de la experiencia profesional constituye una medida de equidad social, ofreciendo, tanto a empleados como a desempleados, desde este reconocimiento, la oportunidad de iniciar nuevos itinerarios y caminos que los reconduzca, desde la recualificación, hacia los emergentes yacimientos de empleo. En tiempo de crisis y de desempleo nunca viene de más que “redescubrir el valor del aprendizaje permanente”, del aprendizaje desde la práctica, como un presupuesto social para alcanzar la equidad que en estos días vemos amenazada en muchos ámbitos sociales.

José Manuel Martos Ortega

Coordinador del Portal cualificacionesprofesionales.info

Director Académico del Instituto Europeo de Estudios Empresariales