El pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. Los objetivos de dicha legislación son poner en marcha un “plan de choque” dirigido a la reducción, a corto plazo, del desempleo de jóvenes y personas en paro de larga duración, a la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la protección por desempleo y a la realización de acciones de mejora de la empleabilidad para personas con dificultades de inserción laboral a causa de su baja cualificación.

El mismo Real Decreto-ley se hace eco de la gravedad que reviste la situación de desempleo en nuestro país como consecuencia directa de la envolvente crisis económica y financiera que alcanza hasta los más recónditos entresijos del tejido social. Todos somos conscientes de las estremecedoras cifras que arrojan las estadísticas del desempleo. Como un ritual que se repite al inicio de un nuevo mes, las estadísticas nos recuerdan las escalofriantes cifras del número de desempleados/as. El dato cuantitativo que recoge el texto, referente a la tasa de paro del cuarto trimestre de 2010, según la encuesta de población activa, alcanza el 20,33%, es decir, unas 4.700.000 personas. Si la estadística nos recuerda la cifra, el día a día, a su vez, nos manifiesta la gravedad del problema del paro y las consecuencias para la vida de las personas, el coste individual y las dinámicas excluyentes que, progresivamente, marginan cada vez a más trabajadores/as hacia los límites del estado de bienestar.

Tres son las medidas que contempla el Real Decreto-ley:

1. Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable: el objeto del mismo es incrementar las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes y personas en desempleo de larga duración, mediante una reducción muy importante de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Dicha reducción puede llegar al 100% para aquellas empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, siempre que la jornada oscile entre el 50% y el 75% de la habitual, y siempre que la duración del contrato no sea inferior a seis meses.
2. Programa de recualificación profesional: dirigido a aquellas personas que hayan agotado la protección por desempleo. El objetivo del programa es implementar un conjunto de acciones, en el marco de las políticas públicas de empleo para posibilitar la recualificación profesional de desempleados/as, procedentes de sectores en crisis y la incorporación a puestos de trabajo en sectores emergentes. Las personas con menores rentas que participen en estas acciones podrán recibir una ayuda económica de acompañamiento del 75% del IPREM mensual, durante un periodo máximo de seis meses.
3. Paquete de acciones de mejora de la empleabilidad: tales acciones estarán enmarcadas en la realización de itinerarios individuales y personalizados de empleo, en los que se combinan actuaciones de orientación y formación para el empleo dirigida a jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, personas procedentes del sector de la construcción u otros sectores afectados por la que crisis que, dentro de estos colectivos tengan dificultades de inserción laboral a causa de su baja cualificación.

Por último, y como medida transversal, el Real decreto-ley indica que durante el año 2011 en los planes de formación de oferta, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, se podrán incorporar a los mismos entre un 20% y un 40% de personas desempleadas.

Ojalá las medidas sean efectivas, alcancen los ambiciosos objetivos que se proponen y sirvan para la reincorporación progresiva al mercado de trabajo de tantas personas que están sufriendo la lacra del desempleo y viven en situación de «riesgo de exclusión social».